La seguridad de los menores en las redes sociales ha dejado de ser solo un asunto de familias y colegios. Europa, España y Francia están moviendo piezas para fijar nuevas edades de acceso, exigir diseños menos adictivos y poner el foco en la responsabilidad de las plataformas. Al mismo tiempo, informes como el de Aldeas Infantiles SOS recuerdan que parte del problema empieza en casa, con la publicación constante de imágenes de niños y adolescentes.
El debate tiene varias capas: la edad mínima para abrir una cuenta, la verificación real de esa edad, los algoritmos que amplifican contenidos dañinos y la sobreexposición familiar. En el fondo, todas las piezas apuntan a lo mismo: que el entorno digital no sea un territorio sin reglas para la infancia. Las medidas no son idénticas en cada país, pero comparten un objetivo: proteger a los menores en redes sociales antes de que los riesgos lleguen a ser irreversibles.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta conocida como EU KIDS Act para reforzar la protección de la infancia en internet. El planteamiento de Ursula von der Leyen pasa por prohibir las redes sociales a menores de 13 años. Entre los 13 y los 15, se contemplan cuentas supervisadas por padres o tutores, con ajustes limitados y un uso restringido. A partir de los 15 y hasta los 18, las plataformas deberían ofrecer diseños adaptados y medidas de seguridad más estrictas.
La presidenta de la Comisión ha defendido que no se pueden aceptar funciones adictivas ni contenidos cada vez más extremos para los niños. En su intervención aludió al caso de Oléa, una adolescente belga de 14 años que se quitó la vida tras sufrir acoso en línea. Su madre ha pedido que una situación así no vuelva a repetirse y ha reclamado más protección institucional.
La propuesta europea todavía tiene que recorrer el camino parlamentario y recibir el visto bueno de los países. La urgencia es uno de los argumentos que repite Bruselas, porque las normas van por detrás de unos servicios digitales que cambian muy rápido. La idea es evitar que el acceso de los menores dependa solo de la buena voluntad de las familias o de la letra pequeña de cada plataforma.
España tramita su propia mayoría digital a los 16 años

En España, el Congreso avanza en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. El texto se debate en la Comisión de Justicia y busca fijar los 16 años como referencia de mayoría digital. Las enmiendas pactadas por PSOE y Sumar incluyen la prohibición de acceder a redes sociales con contenidos dañinos para la infancia y la adolescencia. En las plataformas autorizadas, los menores de esa edad necesitarían autorización de sus padres o tutores legales.
La norma pone deberes concretos a las tecnológicas. Deberán demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que no utilizan diseños adictivos, que no exponen a los menores a contenidos o conductas perjudiciales, que protegen su privacidad y que ofrecen herramientas efectivas frente a contactos no deseados. También se pretende que la verificación de edad en internet sea real y no se limite a que el usuario declare una fecha de nacimiento.
Las enmiendas incorporan además cambios en el Código Penal. Se tipifica la manipulación de algoritmos para amplificar contenidos lesivos, como los que incitan al suicidio o a la autolesión, el abuso sexual infantil, las ultrafalsificaciones sexuales o determinados delitos de odio. Los directivos que conozcan esos efectos y no actúen podrían ser penalmente responsables. Ignorar una orden judicial o administrativa de retirada de contenidos ilícitos también tendría consecuencias penales.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha insistido en que la responsabilidad debe recaer en las grandes plataformas y no en las familias. Rego se ha mostrado partidaria de hablar de regulación más que de prohibición, pero también de ser más exigentes con el acceso de los niños mientras se ordena el entorno digital. Junto a la ley, menciona pedagogía, acompañamiento y alternativas dentro de la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros.
Francia aprieta el cerco y Europa mira de reojo

Francia ha aprobado una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de 15 años, con una aplicación progresiva sobre las cuentas que ya existen. La medida se suma a otras iniciativas europeas y refuerza la tendencia de los últimos meses: poner límites por edad, exigir controles parentales y obligar a las plataformas a adaptar sus servicios.
No todos los países fijan el mismo umbral. Bruselas habla de los 13 años como línea roja, España trabaja con los 16 y Francia se ha situado en los 15. Esa diferencia no supone una contradicción de fondo, sino distintas velocidades y sensibilidades políticas. Lo que comparten es la idea de que el acceso a las redes no puede quedar en manos de un simple registro sin comprobaciones.
El contexto europeo también presiona al legislador español. Mientras el Congreso discute enmiendas, la Comisión Europea prepara su propio marco y varios gobiernos nacionales avanzan con normas específicas. La infancia en internet se ha convertido en un asunto de Estado, no solo en una recomendación para padres.

Además del acceso a las redes, hay otra puerta de entrada a los riesgos: la publicación de imágenes de los hijos por parte de sus progenitores. Es lo que se conoce como sharenting, un término que une las palabras inglesas share, compartir, y parenting, crianza. El informe de Aldeas Infantiles SOS Crecer en el escaparate digital analiza este fenómeno y sitúa a España como el país europeo donde más se practica: una de cada cuatro familias comparte imágenes de sus hijos varias veces al año, frente a una de cada cinco en el conjunto de Europa.
Las consecuencias emocionales pueden pasar desapercibidas. La psicóloga Mercedes Bermejo advierte de que el sharenting daña los vínculos familiares y la empatía, porque implica no pensar en los derechos y necesidades del menor. El psiquiatra Luis Miguel Rojo matiza que se trata de un fenómeno reciente y aún en exploración: no hay estudios sólidos que permitan relacionarlo de forma directa con la salud mental, aunque sí se pueden plantear hipótesis a partir de lo que ya se sabe sobre la sobreexposición.
El impacto cambia según la edad. En la primera infancia, el riesgo es acumulativo: se construye un archivo digital sobre el menor cuando todavía no puede comprenderlo ni decidir. Entre los 7 y los 11 años puede aparecer incomodidad o rechazo, aunque la capacidad para oponerse a un adulto sigue siendo limitada. En la adolescencia, la exposición puede vivirse como una intrusión intensa, justo cuando se intenta controlar la propia imagen y construir una identidad y reputación digital autónoma.
Los especialistas señalan algunas señales de alarma: que el menor exprese vergüenza o rechazo y las publicaciones no se retiren; que se difundan momentos de crisis, enfermedad o especial vulnerabilidad; o que los síntomas aparezcan al descubrir el archivo digital creado durante su infancia. La mirada externa puede ganar demasiado peso y, en casos de sobreexposición extrema, como el de los niños influencers, existe el riesgo de que la persona termine identificándose con su imagen pública.
El informe también advierte sobre el mensaje que se lanza al buscar la foto perfecta, repetir tomas o usar filtros. Se transmite la idea de que hay que alcanzar la perfección para gustar y se deposita una gran carga en la imagen del menor: si la foto funciona, llegan más me gusta; si no, pueden aparecer problemas de autoimagen y autoestima. Dentro de la familia, la sobreexposición puede traducirse en menos tiempo de calidad, pérdida de intimidad, dificultades para establecer vínculos seguros, falta de límites digitales y pérdida de confianza en los cuidadores.
Más allá de lo emocional, una imagen compartida en internet puede descargarse, capturarse, reenviarse o reutilizarse para crear perfiles falsos, emplearse en situaciones de ciberacoso o caer en manos de personas con intenciones de explotación sexual. Los niños tienen derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de sus datos, recuerda Aldeas Infantiles SOS. Por eso pide reflexionar antes de publicar, limitar la difusión, respetar la imagen ajena y educar en privacidad desde edades tempranas.
Claves para compartir imágenes y acompañar a los menores

Antes de publicar una foto de un hijo o una hija, conviene hacerse varias preguntas. ¿Es realmente necesario compartirla? ¿Aporta algo al menor o solo busca una reacción ajena? Los expertos recomiendan contar con su consentimiento desde que sabe hablar, en torno a los 3 años, y revisar la configuración de privacidad de las redes sociales. También aconsejan evitar imágenes íntimas, comprometidas o que muestren momentos de vulnerabilidad.
Los momentos especiales en familia, según los psiquiatras consultados, deberían vivirse para disfrutarlos con los pequeños y no para dar cuenta pública de ellos. Las cartas, notas o dibujos pertenecen a la esfera íntima; convertirlos en contenido puede transmitir que la intimidad entre padres e hijos no existe. Del mismo modo, mostrar una felicidad ficticia enseña a fingir y a invalidar las emociones negativas.
El informe de Aldeas Infantiles SOS plantea cuatro claves: pensar antes de publicar, limitar la difusión, respetar la imagen de otras personas y educar en el uso de internet en niños. Añade que la protección de la infancia en internet no corresponde solo a las familias. Plataformas, instituciones, centros educativos, medios de comunicación y administraciones públicas también tienen responsabilidad. En un entorno donde una fotografía puede difundirse en segundos y escapar del control de quien la publicó, la concienciación sobre los derechos de los menores es parte de la solución.
La combinación de normas más estrictas y hábitos familiares más cuidadosos parece el camino que se está dibujando en Europa. La ley puede fijar edades y obligaciones, pero la privacidad de la infancia también se protege en el día a día, decidiendo qué se comparte, con quién y para qué. La seguridad de los menores en redes sociales ya no se entiende sin esa doble mirada: regulación y educación.
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